Posicionamiento de CANLA sobre NDC en el marco de la SB-58

a.Contexto general 

En la COP27, llevada a efecto en noviembre de 2022, una vez más las principales áreas de negociación estuvieron vinculadas con la mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1,5 grados), la adaptación y la financiación de la transición a cero de emisiones. El tema de pérdidas y daños para compensar a los países y comunidades por las pérdidas económicas y sociales por el embate de los fenómenos climáticos también fué central en el debate.

Para las organizaciones del sur global, el mayor avance logrado en la COP27 fue el mandato para la creación de un Fondo que deberá proveer apoyo a los países en desarrollo para afrontar las Pérdidas y Daños derivadas de la crisis climática. Los aspectos asociados a la operativización del Fondo deberían concretizarse a más tardar durante la próxima COP28. A pesar de este importante avance, durante la COP27 se avanzó muy poco con respecto al aumento de la ambición y la implementación del programa de trabajo de mitigación; asimismo,  se logró poco avance en la eliminación gradual a todos los combustibles fósiles.

Para este año 2023, está presente en la agenda climática el proceso que corresponde al primer Balance Global, el cual define el mecanismo de evaluación que permita a todos los países ajustar los compromisos climáticos para mantener las variaciones en la temperatura media del planeta por debajo de los 1.5° en relación a la era pre industrial. Sin embargo, preocupa que el presidente de la COP28, a celebrarse en Dubai, sea el CEO de la corporación petrolera estatal del país anfitrión de la conferencia. Se prevé que ello pueda generar conflictos de interés al momento de definir prioridades de la agenda climática.

El informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC o IPCC, por sus siglas en inglés) presentado en marzo del presente año advierte una vez más sobre el aumento del calentamiento global y la necesidad urgente que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberán haber caído al menos 43% en 2030. También, el informe advierte de implementarse tal y como están planteados los actuales planes de los gobiernos presentados en el marco del Acuerdo de París, las Contribuciones Nacionales Determinadas, tendríamos un incremento de la temperatura media del planeta por el orden de 2,8 grados; ello, a pesar de la  disponibilidad de múltiples opciones de mitigación alineadas con el desarrollo sostenible en todas las regiones.

En este contexto, recordando que América Latina y Caribe es una región altamente vulnerable, que el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas recae mayormente en los países industrializados por haber generado la mayor parte de la crisis climática y que éstos tienen la responsabilidad de apoyar a los países en desarrollo para implementar sus planes de acción respecto a mitigación y adaptación, en el marco de la SB58, desde CAN Latinoamérica llamamos a las delegaciones oficiales de la región para que adopten el conjunto de propuestas que compartimos a continuación:

a. Ambición e implementación 

1. Todos los países de la región deben hacer el esfuerzo de avanzar en reducciones profundas, inmediatas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar la temperatura del planeta, desde un enfoque de responsabilidad diferenciada y según sus respectivas capacidades, con miras a alcanzar una reducción de  43% antes del 2030 y un 60% para el 2035, y a cero emisiones netas a mediados de siglo, para evitar que la temperatura mundial supere el peligroso punto de inflexión de 1,5 ºC. 

2. Los compromisos actuales de los países contenidos en sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) son insuficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, por lo que invocamos a los países anunciar sus planes de ambición e implementación  en el marco de la Cumbre de Ambición Climática (septiembre) y en la COP 28 (diciembre), teniendo en cuenta la necesidad de reforzar los vínculos entre proteger el clima, la naturaleza y las personas, según las se desprende de las conclusiones del GIECC.

3. Para cumplir con los compromisos climáticos expresados en las NDCs, los gobiernos deben promover una mayor gobernanza participativa con la sociedad civil, que permita la incidencia en el establecimiento y la implementación de los planes climáticos, donde la rendición de cuentas y la transparencia sean pilares importantes para mejorar e incrementar la ambición de  las NDC, garantizar su implementación y alcanzar acciones realmente efectivas.

4. La conservación de entre el 30% y el 50% de la tierra, el agua dulce y los océanos del planeta para mantener la resiliencia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala mundial, que actualmente están en riesgo por el cambio climático, deben estar contemplados en los nuevos compromisos nacionales de los países de la región, para asegurar la sostenibilidad de la naturaleza en las próximas décadas.

5. Para América Latina y el Caribe, el acceso a un financiamiento climático adecuado, oportuno y predecible es fundamental para promover la implementación de las NDCs. Es clave exigir y asegurar el cumplimiento y actualización de las metas de movilización de fondos hacía países en desarrollo, que priorice un financiamiento equilibrado para la mitigación y adaptación al cambio climático y, para abordar las pérdidas y daños; garantice la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas en su implementación, y fortalezca los mecanismos de monitoreo y evaluación a fin de promover la efectividad y el impacto real de los fondos para la protección de la biodiversidad y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

6. Demandamos que los mecanismos a ser implementados dentro de las NDCs observen un enfoque de derechos humanos, protección al ambiente y excluyan falsas soluciones de la geoingeniería y tecnologías de captura de carbono insertas engañosamente en el llamado CERO NETO promovido por algunos países y empresas privadas, pues estas opciones son inseguras y ponen en riesgo la vida del planeta. Además, estas tecnologías no resuelven la situación, si no que evitan que los países y actores privados cumplan en reducir sus emisiones, promoviendo un “lavado verde” de corporaciones y estados que contaminan, mientras aún no han reparado su deuda con el ambiente.

7. Para que la CMNUCC recupere la legitimidad e inicie un proceso que permita enfrentar de manera efectiva la crisis climática, recomendamos que la convención retome la discusión sobre una definición de conflicto de interés para evitar que actores privados participen e influyan en los resultados de las negociaciones, se acabe con el patrocinio de corporaciones a las conversaciones climáticas y se asegure una participación más amplia de la sociedad civil en el proceso de las negociaciones. Así mismo, recomendamos que los gobiernos de América Latina y el Caribe se desliguen de la influencia del interés corporativo no validando la participación de estos actores en sus delegaciones en la COP 28.

b.Programa de trabajo de mitigación. 

1. Debido a las condiciones geográficas y ecosistémicas de la región de América Latina y el Caribe y su vocación económica enfocada a prácticas ganaderas, agrícolas, así como el cambio de uso de suelo y su uso intensivo para la obtención de materias primas, estos sectores son los principales fuentes de emisiones GEI de la región al generar 53% de las emisiones y por lo tanto, representan las principales áreas de oportunidad para acelerar la descarbonización. 

2. Los gobiernos de la región deben priorizar la implementación de políticas y medidas para eliminar y revertir la deforestación y la degradación forestal hasta el 2030, lo que requiere promover el fortalecimiento la capacidad institucional y financiera de las entidades involucradas, el abordaje de los principales drivers de deforestación, como el agronegocio, la infraestructura vial y erradicar las economías ilícitas en la Amazonia y de las amenazas al territorio y población indígena de los países amazónicos. También se hace necesario el énfasis en el cumplimiento de las medidas de mitigación para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura. Adicionalmente, se requiere implementar prácticas sustentables de agricultura y ganadería, incorporar el uso de nuevas tecnologías y cambios en el comportamiento de consumidores para disminuir la demanda de productos derivados de animales, en línea con el reporte especial del GIECC sobre Cambio Climático y Tierra (2019).

3. Para revertir la tendencia creciente de emisiones de gases de efecto invernadero en la región, es urgente descarbonizar el sector energético por medio del impulso de la participación de energías renovables, al tiempo que se reduce la participación de los combustibles fósiles, los cuales representan el 39% de las emisiones de la región. 

4. La descarbonización del sector energético a través de las energías renovables es fundamental para reducir las emisiones de los sectores de la electricidad, el transporte, la industria y la construcción en la región.

c.Balance global 

1. El Global Stocktake (GST) es el mecanismo de ambición del Acuerdo de París. Evalúa el progreso colectivo global hacia los objetivos a largo plazo del Acuerdo y finaliza este año en la Conferencia de las Partes (COP28). Este mecanismo debe transparentar el nivel de ambición colectiva y marcar las brechas de acción necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo y alimentar la nueva ronda de compromisos nacionalmente determinados (NDC) que nos acerquen a los objetivos del acuerdo.

2. En junio, en el marco de la SB58, se llevará a cabo el tercer y último Diálogo Técnico en donde se discutirán los avances colectivos en cada área temática del GST (mitigación, adaptación y flujos financieros y medidas de implementación), las oportunidades y los retos para mejorar la acción y el apoyo internacional necesario. Es fundamental que este diálogo técnico concluya con información basada en la ciencia y que evite falsas soluciones ya que en instancias posteriores informará el resultado del Global Stocktake. 

3. El componente de financiamiento debe reflejar la situación de asignación de fondos de la manera más fidedigna posible, reconocer las brechas e identificar las acciones concretas que los países más desarrollados deben cumplir. Esto es particularmente importante para América Latina, que requiere incrementar la asignación y movilidad de financiamiento climático para implementar medidas de adaptación, incrementar la resiliencia y acelerar la transición energética justa.

d.Aceleración a la Transición energética y Justa

1. Los países de la región deben contemplar en la aceleración a las transición energética objetivos y metas al 2030 y a largo plazo (2050), acompañado con financiamiento y salvaguardas ambientales y sociales para puedan promover las energías renovables, como también proteger y restaurar los ecosistemas naturales.

2. Los bancos, las empresas y gobiernos deben eliminar los subsidios al carbón, petróleo y gas natural, porque generan emisiones de gases de efecto invernadero, afectan la sostenibilidad de nuestro planeta, profundizan la desigualdad social y retrasan la transición energética, tales fondos debieran ser destinados para los países en desarrollo y puedan implementar los planes de adaptación, la promoción a las energías renovables o para hacer frente a los daños y pérdidas.

3. Los países desarrollados deben movilizar financiamiento para que los países en desarrollo puedan implementar sus planes orientados a la transición energética, promoviendo las energías renovables, que pudiera salir de los subsidios a los combustibles fósiles o de los impuestos. En particular, deberá atenderse el creciente endeudamiento como obstáculo para la  puesta en práctica de estos planes. 

4. Los procesos de la transición energética que se desarrollen en los países y los impactos socioambientales deben ser transparentes de manera obligatoria. En ese sentido, los países implementadores deben divulgar una descripción general de los compromisos, políticas y planes nacionales de transición energética y su debida implementación así como los mecanismos de participación ciudadana que son relevantes para las industrias extractivas.

5. La inclusión de informes ambientales y de transición energética también reforzaría una visión global de los impactos de las actividades extractivas que contribuyen al cambio climático, si esta información se publica de forma obligatoria.

6. Los Estados tienen la responsabilidad de generar y fortalecer normas y políticas acordes a los desafíos socioambientales que implica desarrollar proyectos en el marco de la transición además de estudios rigurosos que demuestren los riesgos, ventajas y desventajas de dichos proyectos. 

7. Asimismo, es necesario que se fortalezcan mecanismos obligatorios para el respeto de derechos humanos, debida diligencia, participación y acceso a la información, la consulta previa y el consentimiento.

8. Es necesario que se tengan claras las obligaciones y responsabilidades civiles dentro de los contratos para la extracción de minerales; asimismo es necesario que se dispongan montos reales para la compensación y planes de cierre de proyectos. (IDLADS, 2023).

9. Las políticas, planes o programas que promueven nuevas fuentes de energía deben desarrollarse con evaluaciones ambientales estratégicas (EAE), de manera que se prevengan los impactos acumulativos y sinérgicos de manera participativa y en base a las necesidades locales.