El nuevo episodio de la crisis política que se vive en el Perú comenzó el 07 de diciembre de 2022. Ese día el presidente Pedro Castillo debía enfrentar en horas de la tarde el tercer pedido de vacancia que le imponía el Congreso de la República en apenas año y medio de gobierno. El pedido de vacancia era en sí mismo una estrategia de boicot permanente a su gobierno elegido constitucional y democráticamente el 2022.
Las acciones promovidas desde la derecha política y los sectores económicos, así como los medios de comunicación masivos y que se iniciaron inmediatamente después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó el triunfo electoral de Castillo, con denuncias de Fraude y desconocimiento de los resultados durante varias semanas, lo que impidió un proceso normal y eficiente de la transición entre el gobierno de Sagasti y el de Castillo. En este panorama, la mañana del 07 de diciembre, Pedro Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso de la República sin tener ningún respaldo ni siquiera en su propio gabinete, mucho menos en las fuerzas armadas y policiales.
El intento de golpe de Pedro Castillo no prosperó y fue rápidamente cuestionado y rechazado por la mayoría de sectores políticos y estatales. Después, la policía nacional detuvo al presidente acusado de rebelión, el Congreso de la República apresuró el voto, declaró la vacancia presidencial y proclamó como presidenta a Dina Boluarte que era vicepresidenta de Castillo, según mandato constitucional.
Sin embargo, la proclamada presidenta Boluarte evidenció inmediatamente un pacto con los sectores de la derecha del Gobierno, quienes habían impedido -desde el primer momento- el gobierno de Pedro Castillo. Esta actitud generó las primeras críticas y denuncias de sectores de la población que acusaron a Boluarte de traicionar el proyecto político en el que fue elegida y de aliarse con un Congreso ampliamente desaprobado.
Durante el mes de diciembre, las primeras protestas encontraron una respuesta del gobierno de Dina Boluarte quien decretó el Estado de Emergencia en todo el Perú, permitiendo que se restrinjan derechos a la ciudadanía y que se autorice el ingreso de las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía frente a las manifestaciones. Durante este mismo mes, la Defensoría del Pueblo registró 21 muertes como producto de la crisis política y la represión de las manifestaciones de toda la población civil. La Defensoría del Pueblo alertó además el uso de la fuerza excesiva de parte de la Policía. Los organismos de Derechos Humanos denunciaron que los fallecidos habían sido asesinados por la fuerza pública y que la responsabilidad política de estos asesinatos recae directamente en la presidenta Boluarte y en sus ministros.
Frente a ello, la movilización ciudadana se incrementó y empezó a exigir la renuncia inmediata de la presidenta Boluarte, el cambio de la mesa directiva, la convocatoria a elecciones generales inmediatas y en varios sectores la formación de una Asamblea constituyente para una nueva Constitución.
Las movilizaciones se redujeron durante los días de cierre de año, pero se reactivaron a partir del 04 de enero de 2023 y se incrementaron en las regiones del sur del país, sobre todo en Puno y Cusco. Por su parte el Gobierno persistió en su tratamiento de la movilización respaldando a las fuerzas policiales y militares pese a las 21 muertes producidas en diciembre. La presidenta Boluarte, además no reconoció la responsabilidad del Gobierno en esas muertes, ni mucho menos dio muestras de querer renunciar al cargo pese a lo fuerte de la crisis social que evidenciaba una escalada en la movilización social
Fatídicamente, las jornadas de protesta del 09 de enero dejaron en Juliaca, en la Región Puno, la cifra de 18 muertos, (17 civiles y 1 policía), que reflejaron la misma actitud de la policía de atropello a los Derechos Humanos. Esto originó que diversas regiones del país, sobre todo del sur, anunciaran la movilización de miles de personas hacia la capital Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte y justicia para los asesinatos ocurridos en las regiones.
Y así ha sucedido. Desde el 12 de enero, manifestantes de diferentes regiones del país se movilizan todos los días por las calles de Lima. Desde el Gobierno, se sigue negando la violencia en la represión policial, y más aún, el evidente atropello a los Derechos Humanos, detenciones arbitrarias de ciudadanos, campesinos, estudiantes universitarios, atentados y maltrato a periodistas independientes que viene cubriendo estos atropellos y sobre todo la fatídica cifra de 58 ciudadanos muertos desde el inicio de las movilizaciones hasta hoy.
Desde el Ejecutivo y el Congreso se alienta el falso discurso de que la manifestación está promovida por el terrorismo y economías ilegales que buscan desestabilizar el país, justificando con ello la criminalización de la protesta. Sin embargo, las narrativas del Ejecutivo que incluyen la injerencia de políticos extranjeros en la crisis política interna, se basan en información que no se corresponde con la realidad y que en la mayoría de casos se desmienten por las evidencias registradas en cientos de grabaciones sobre la actuación de las fuerzas del orden frente a ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.
La situación de la crisis política en el país parece no tener salida. Con un Gobierno que no quiere renunciar y por el contrario promueve la violenta represión de la policía en Lima y en las regiones del sur del país donde incluso se envía a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Se tiene, además, un Congreso de la República de espaldas a la ciudadanía que se niega a aprobar la reforma para el adelanto de elecciones.
La crisis política y la agenda climática
Esta crisis política y social repercute en la agenda climática nacional. En este contexto, la única agenda que se discute en el país es la búsqueda a la salida de esta crisis, en el Congreso de la República solo se debate sobre el adelanto o no de las elecciones, en el Ejecutivo no se desarrollan las agendas ministeriales porque el país está paralizado y muchos de los sectores sociales se niegan a dialogar con un Gobierno que tiene 58 muertes en su registro.
Además se ciernen otros riesgos. La captura del Gobierno por parte de los sectores de la derecha en el Congreso, y la conformación de un gabinete abiertamente de derecha. A ello se suma que según reportes periodísticos, el premier Otárola durante las primeras semanas ha desarrollado una agenda de reuniones con las principales empresas mineras y petroleras del país, lo que tiene estrecha relación con iniciativas que se venían promoviendo en el Congreso, de mayoría conservadora, desde antes de la crisis. Se siguen en la misma línea: la negativa a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la búsqueda de incrementar el tiempo de concesiones petroleras y otros beneficios a las economías extractivas, la pretensión de aprobar una nueva ley forestal que daría permisos a empresas de palma aceitera para legalizar la deforestación en la Amazonía. Asimismo, en pleno inicio de la crisis de diciembre la Comisión de Descentralización del Congreso pretendía debatir el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el cual propone modificar la ley que protege a los pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, más conocida como “Ley PIACI”.
A estos intentos se suma el estancamiento de los procesos en marcha sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que debió aprobarse a finales de 2022. El gobierno de Castillo además había ratificado el compromiso de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) peruanas de reducir 40% las emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación o ratificación de este compromiso climático en un eventual gobierno de derecha como las que están en el Congreso y que hoy co gobiernan con Dina Boluarte corren riesgo de no cumplirse.
En este contexto, las organizaciones sociales y regionales, así como las organizaciones de la sociedad civil vienen exigiendo una salida democrática a la crisis, respaldando las demandas de la sociedad movilizada y exigiendo el respeto de los derechos humanos y un alto al carácter represivo del gobierno.
Desde el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) hemos demandado que se atienda las exigencias de la sociedad civil que se viene movilizando por más de 50 días, conscientes que no es posible aspirar a la justicia climática sin antes defender la justicia social y política.
Es así que desde el MOCICC se sumó al pronunciamiento por la defensa de la Vida y la Democracia, impulsado por la Asociación Nacional de Centro (ANC) firmado por 130 organizaciones que solicitamos que desde las redes ambientales en la región y a nivel internacional difundan y alerten sobre esta situación que pone en riesgo la democracia en el Perú, las garantías individuales y colectivas y los derechos humanos en el Perú, así como el desarrollo de la agenda ambiental y climática que se venía impulsando en los últimos años del Perú.
Por Henry Cordova, Coordinador Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático