Llamado a mantener la ambición de los procedimientos, modalidades y estándares para la participación significativa del público en la primera Conferencia de las Partes del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, y en los mecanismos y órganos subsidiarios de la COP1
En la antesala de la esperada primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer instrumento vinculante en América Latina y el Caribe para la promoción del Acceso a la Información, Participación Pública, Justicia, y protección de Defensoras y Defensores Ambientales, como sociedad civil articulada, manifestamos la necesidad de priorizar la mantención de los más elevados estándares en materias de acceso a la información y modalidades de participación. Lo anterior, en pos de garantizar una participación efectiva de la sociedad civil independiente durante la COP 1, y en el funcionamiento de todos los mecanismos y órganos subsidiarios que se establecerán para la operativización del Acuerdo.
En primer lugar, reiteramos nuestro profundo reconocimiento a las 12 ratificaciones de los actuales Estados Parte, los cuales han hecho posible la entrada en vigencia y consecuente Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el cual, correctamente implementado, promete ser un avance significativo para contribuir a la solución de las problemáticas socioambientales y climáticas de la región Latinoamericana. Asimismo, con un sentido de urgencia, solicitamos a los Estados que aún no han firmado y/o ratificado a comprometerse lo antes posible con la democracia ambiental de la región, a través de la suscripción y pronta implementación del presente Acuerdo.
Como ha sido informado por la Secretaría del Acuerdo de Escazú, la COP 1 tendrá un formato híbrido (presencial y digital), y los temas a tratar serán principalmente los establecidos en el artículo 14, 15 y 18, a saber: i) Reglas de procedimiento en la conferencia2, incluyendo reglas sobre la participación significativa del público; ii) Reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento; y iii) Disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento del Acuerdo.
Al respecto, desde las redes y organizaciones de la sociedad civil de la región, si bien reconocemos los esfuerzos que se han hecho durante las últimas semanas desde la Secretaría para reforzar la participación del público en la COP, vemos que estos deberán ser más ambiciosos si es que se quiere alcanzar una amplia participación del público en la región, sobre todo en el contexto actual de pandemia y participación híbrida. En ese sentido, creemos que se ha presentado una falta de información oportuna, clara y transparente respecto sobre las modalidades y procedimientos de participación significativa del público (presencial y digital), dificultando el desenvolvimiento democrático y participativo de las negociaciones.
Con el fin de que las negociaciones sobre el Acuerdo de Escazú sean fieles a los principios que han caracterizado al instrumento y los procedimientos asociados a su creación, solicitamos a la Secretaría y los Estados parte tomar todas las medidas necesarias y oportunas para asegurar los mayores estándares de participación ciudadana posibles a lo largo de la Conferencia, considerando al menos:
1) Asegurar el mayor número de cupos posible para observadoras/es en forma presencial por sala, procurando que sean igual o mayor al número de estados firmantes.
2) La elaboración y publicación de protocolos claros, que aseguren que la participación de observadoras/es conectados a través de plataformas digitales sea accesible, constante, incidente y oportuna. Asimismo, limitar las instancias de decisión de carácter exclusivamente presencial mientras dure la pandemia del COVID-19.
3) Establecer mecanismos para la representación permanente de los pueblos indígenas; y comunidades afrodescendientes, campesinas, y otras comunidades vulnerabilizadas en los procesos de toma de decisión de la COP; incluyendo mecanismos para asegurar la inclusión de estos grupos
4) Buscar mecanismos para asegurar que el público pueda participar en las negociaciones de manera significativa, e independientemente de los Estados parte y sus delegaciones, incluyendo apoyo financiero para dicha participación del público.
5) Establecer estrategias de empoderamiento jurídico para que los grupos que el Acuerdo tiene por objetivo beneficiar y proteger conozcan los procedimientos, mecanismos e instancias de participación en el marco de la COP y del Acuerdo, de manera clara, accesible, oportuna y adecuada.
Por último, consideramos de especial importancia la profundización y aprobación de la “Propuesta revisada sobre las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento”3, en miras a lograr una aplicación efectiva del Acuerdo en pos de las comunidades más afectadas de la región. Al respecto, nos parece de suma relevancia la aprobación de:
- El artículo 5, que busca asegurar una composición diversa del Comité en términos geográficos y de género. Sin perjuicio de aquello, recomendamos agregar un enfoque de diversidad étnica, y una menor relevancia a la exigencia de experiencia y conocimientos jurídicos, incorporando criterios de inclusividad y teniendo en cuenta la experiencia práctica de los candidatos.
- Los artículos 22, 23, y 28 que establecen la posibilidad a miembros del público para presentar comunicaciones sobre el incumplimiento de una de las Partes; la capacidad del Comité para establecer mecanismos protección ante situaciones de riesgo de dichos miembros; y la posibilidad de los miembros del público para presentar observaciones escritas sobre el caso, respectivamente.
- El artículo 33, que establece el derecho de los miembros del público de aportar información al Comité; y de participar en las sesiones del Comité, especialmente en el monitoreo de la implementación por la Parte interesada en las conclusiones del Comité.
3 Documento completo disponible en: https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/documentos/propuesta-revisada-reglas- composicion-funcionamiento-comite-apoyo-la-aplicacion
Las organizaciones miembro de Climate Action Network Latinoamérica, la Red de Empoderamiento Jurídico en Latinoamérica, así como el resto de organizaciones que firman este pronunciamiento; nos ponemos a disposición para apoyar a la Secretaría y Estados Parte en el cumplimiento de estos mínimos, así como colaborar para que la COP 1 del Acuerdo de Escazú logre exitosamente el desarrollo de sus actividades.
¡Por una justicia ambiental y climática para Latinoamérica y el Caribe, y por la protección de las y los defensoras/es ambientales de nuestra región!
Firman:
– Climate Action Network Latinoamérica
– Foro Centroamérica Vulnerable
– Red de Empoderamiento Jurídico Latinoamérica
– Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina
– CIMA ONG Ambiental, Argentina
– Foro del Buen Ayre, Argentina
– Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Argentina
– Sustentabilidad Sin Fronteras, Argentina
– Xumek, Argentina
– Fundacao Grupo Esquel, Brasil
– Instituto Maíra, Brasil
– Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
– Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Bolivia
– Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Bolivia
– Reacción Climática, Bolivia
– Salvaginas Colectiva Ecofeminista, Bolivia
– Alerta Isla Riesco, Chile
– CEUS, Chile
– Escazú Ahora Chile
– ONG FIMA, Chile
– Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
– ClimaLab, Colombia
– Comunicación y Educación Ambiental SC, Colombia
– Fundación Pachamama, Ecuador
– Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), El Salvador
– Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOG)
– Centro de Desarrollo Humano (CDH), Honduras
– Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Honduras
– Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), Honduras
– Sustenta Honduras
– Fundar Centro de Análisis e Investigación, México
– PASO Verde A.C, México
– Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), México
– Centro Nicaraguense de Conservación Ambiental (CENICA), Nicaragua
– Fundación Asla, Nicaragua
– Tierraviva, Paraguay
– CooperAcción, Perú
– Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú
– Alianza para la Acción Climática, Venezuela
– CooperAcción, Perú
– Amigos del Viento, Uruguay
– 350.org
– Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad (CMIB)
– Corporate Accountability, Campaña de Clima América Latina
– Earthrights International
– Iniciativa Cuencas Sagradas
– Latin America and the Carribean
– Engagement Mechanisms (LACEMOS)
Notas
1 La Red de Empoderamiento Jurídico, de la cual Namati es convocante, es una comunidad que reúne a más de 10.000 personas y 2.800 organizaciones de 160 países, que trabajan por el acceso a la justicia en todo el mundo junto a comunidades y grupos vulnerabilizados. https://namati.org/network/red-de-empoderamiento-juridico/. Por su parte, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA), parte de Red Global de Climate Action Network (CAN), que trabaja para promover la acción gubernamental para abordar la crisis climática, con más de 1300 miembros en más de 120 países. http://canla.org
2 Para más información sobre el contenido de las negociaciones, revisar documentos de trabajo y de referencia para la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. En particular, se recomienda tener en consideración los documentos “Propuesta revisada de reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes”; y “Propuesta revisada de reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento”, ambos disponibles en: https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/documentos en el Comité de Implementación del Acuerdo y la elección de Representantes Electas/os del Público.